Sacerdote Efraín Rozo encubierto por Vicario Judicial de Tribunal Eclesiástico de Bogotá

Piden arrestar a Vicario Judicial de Tribunal Eclesiástico de Bogotá

El ex magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura Augusto Ocampo pidió que se emita orden de arresto contra el Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, por no atender la tutela que ordenaba atender un derecho de petición relacionado con las acciones que la autoridad católica había adelantado para investigar los supuestos casos de pederastia protagonizados por el sacerdote Efraín Rozo.

Adicionalmente, el jurista pidió que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se investigue al encargado de responder al derecho de petición por el delito de fraude a resolución judicial.

Ocampo dio inicio a un incidente de desacato ante la Juez Veinte Civil del Circuito de Bogotá, Fabiola Pereira Romero, que falló una tutela en su favor, ordenando al Tribunal Eclesiástico atender la solicitud elevada por el abogado, que buscaba que se le diera un informe detallado de lo actuado para investigar las denuncias en torno a los supuestos abusos sexuales que cometió el padre Rozo en contra de varios niños, durante los años 60, orden de que no cumplió dentro de las 48 horas que se le otorgaron de plazo.

El caso se puso en evidencia luego de que un hombre denunciara que durante su época de niñez fue víctima de acceso carnal por parte del religioso, lo que dio lugar a sucesivas denuncias del mismo estilo y la presunta confesión del mismo implicado en un video.

Ante la preclusión del caso por vencimiento de términos para adelantar acciones penales, el abogado Ocampo se amparó en la figura de los delitos de lesa humanidad para solicitar la reapertura de la investigación penal en contra del sacerdote ante la Fiscalía General de la Nación.

El jurista tomó como antecedente jurisprudencial la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de declarar la imprescriptibilidad de la actuación penal en contra de los guerrilleros del M-19 por el holocausto del Palacio de Justicia.

Argumentó que si la Fiscalía se empeña en mantener cerrada la investigación, omitiendo principios resaltados por los convenios e Ginebra, Suiza, de los cuales Colombia es firmante, el órgano acusador podría originar la actuación de la Corte Penal Internacional.

Un antecedente del que se tenga conocimiento tuvo lugar en Argentina, donde el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a 11 años de prisión al ex espía del Ejército gaucho durante la dictadura Horacio Américo Barcos, por ejercer violencia sexual sobre Amalia Ricotti en uno de los centros de tortura que utilizaban los militares en los años 70, en lo que fue declarado como delito de lesa humanidad.

"Los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (...) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", concluyó el despacho santafecino.

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