Iglesia fornica con gobierno Mexicano. Actuan igual con Sacerdotes Pederastas?

La diputada federal perredista Leticia Quezada Contreras presentó una queja en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) por la violación a los derechos de 130 mujeres denunciadas por abortar y algunas sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.

En un escrito, la legisladora federal pidió al titular de la PDHEG, Gustavo Rodríguez Junquera, que intervenga en los casos de seis mujeres condenadas hasta 30 años de prisión por homicidio en relación familiar, cuando sufrieron abortos.

"Están disfrazando bajo recovecos jurídicos las acusaciones para criminalizar a las mujeres hasta con 35 años de prisión", resaltó la diputada en las oficinas del ombudsman.

Acompañada del líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Miguel Alonso Raya, protestó por que "aquí existe la criminalización institucional".

En Guanajuato son 160 mujeres denunciadas, investigadas y algunas a punto de ser procesadas por aborto y otras bajo la figura de homicidio por relación de parentesco, dijo al retomar la información divulgada por el Centro Las Libres.

La legisladora anunció que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la presencia de un visitador en Guanajuato para que revise el caso de las mujeres investigadas por el Ministerio Público, procesadas o condenadas y los atropellos que se cometen desde la Procuraduría de Justicia del Estado.

Adelantó que junto con las organizaciones sociales revisará los expedientes de las 160 mujeres en conflicto legal por haber interrumpido su embarazo, además de acudir a los penales para conocerlas.

"Vamos a revisar los expedientes, es mi primera visita aquí, nos vamos a poner de acuerdo con todas las compañeras, obviamente vamos a ver los tiempos jurídicos en los que están para poner las apelaciones correspondientes y ver los mecanismos jurídicos legales para revertir este tipo de sanciones", precisó.

La diputada anunció que promoverá la renuncia del procurador de Justicia del Estado por negar la realidad de que existen las acciones legales contra de las mujeres. De entrada exigió la destitución de la directora del Instituto Guanajuatense de la Mujer (IMUG), Luz María Ramírez Villalpando, por fustigar a las personas del sexo femenino que usan tatuajes o perforaciones.

La funcionaria "no tiene ni la mínima idea de una visión de género, por lo que debería tomar clases sobre equidad y acceso de las mujeres a sus derechos".