Informe alarmente sobre la pedofilia en la Iglesia Católica.

Continúa el desconcierto ante las acusaciones hacia sacerdotes católicos por abusos a menores. La iglesia católica espera y mueve ficha con prudencia, aunque la ola informativa parece ya imparable.

Cada vez son más los casos y menos la credibilidad de un Vaticano que parece desbordado. El Papa, que durante años fue el máximo responsable de juzgar estas cuestiones en la Congregación de la Doctrina de la Fe, enfrenta una situación que debería tener consecuencias profundas en la transparencia de una iglesia en la que muchos están perdiendo la confianza.

Joseph Ratzinger, antes de convertirse en Papa, retrasó la expulsión del sacerdocio de un cura acusado de pederasta en California, EE UU, por temor a las repercusiones que esa decisión pudiera ocasionar en el seno de la comunidad de fieles, según unas cartas fechadas entre 1981 y 1986 que han sido dadas a conocer la pasada semana.

Se trata del último trueno hasta ahora en una tormenta que ahora parece imparable. Aunque el via crucis comenzó hace una década, con el goteo incesante de denuncias que se produjo en Estados Unidos tras conocerse que el reverendo John Geoghan había abusado de 130 niños durante 20 años, y que la respuesta de sus superiores se había limitado a ir cambiándolo de parroquia.

Poco a poco fueron saliendo a la luz más y más casos, principalmente en Australia, Irlanda y, desde hace unas semanas, Alemania, país este último donde los casos ocurridos cuando Ratzinger era arzobispo de Múnich están salpicando ahora al pontífice.

PRIMEROS DATOS PÚBLICOS

Desde finales de los años 90, la iglesia católica se ha visto sacudida por numerosas denuncias relativas a delitos de pederastia cometidos por miembros del clero. Los más numerosos y sobre los que más informes se han realizado han tenido lugar en Estados Unidos, Australia e Irlanda y, más recientemente, en Alemania, Holanda y Austria. La mayoría de los casos se presentaron en seminarios sacerdotales, escuelas y orfanatos en donde niños y adolescentes estaban bajo el cuidado del clero.

Según el Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), en los últimos nueve años la iglesia católica ha investigado acusaciones relativas a unos 3.000 casos de sacerdotes diocesanos y religiosos por delitos de pederastia cometidos en los últimos 50 años. Este dato fue ofrecido el pasado mes de marzo, en un intento de salir al paso de las numerosas denuncias y supuestos casos de pedofilia publicados recientemente en la prensa europea. Era la primera vez que hacían públicas cifras al respecto.

La misma fuente señalaba que en el 20% de los casos (600) se ha celebrado un proceso penal o administrativo. En el 60%, sobre todo debido a la edad avanzada de los acusados, no hubo proceso, pero «se emanaron normas administrativas y disciplinarias, como la obligación de no celebrar misa, de no confesar, y de llevar una vida retirada y de oración».

En un 10% de los casos (300), «particularmente graves y con pruebas abrumadoras», el Papa autorizó un decreto de dimisión del estado clerical (los sacerdotes fueron expulsados del clero). En el restante 10% de los casos sometidos a proceso (otros 300), los propios clérigos acusados pidieron la dispensa.

El mencionado tribunal eclesiástico recibe cada año 223 nuevos casos de pederastia. Aunque estos delitos prescriben a los 10 años, en 2002 Juan Pablo II permitió derogar la prescripción caso por caso si el obispo de la diócesis afectada así lo solicita. Antes de 2002 las denuncias se resolvían siempre en las diócesis.

PAÍS POR PAÍS

En Estados Unidos, los casos de abusos sexuales por parte de curas católicos comenzaron a salir a la luz en los años 90. En 2008 la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos divulgó un estudio según el cual, entre 1950 y 2002, 4.392 sacerdotes, el 4 % de un total de 109.694, fueron acusados del abuso sexual de 10.667 menores. En aproximadamente 6.700 casos se presentaron suficientes pruebas, otros 3.300 no fueron investigados porque los sacerdotes ya habían fallecido, y en otros 1.000 no se presentaron pruebas fiables para justificar una investigación, informa la agencia Efe.

Para resolver muchos de esos casos, algunos de forma extrajudicial, la iglesia católica ha tenido que pagar más de 2.000 millones de dólares (1.260 millones de euros) en indemnizaciones a las víctimas. Al menos siete diócesis católicas se han declarado en bancarrota para evitar el pago de demandas por abusos sexuales.

En Australia, la organización Broken Rites (Ritos Rotos), defensora de las víctimas de abusos sexuales, cifró en 107 los sacerdotes católicos condenados en ese país por pederastia, y el número de víctimas en más de 1.000.

En Irlanda, los casos de pederastia que más han conmocionado a la sociedad irlandesa han sido los dados a conocer en 2009 por los informes Ryan y Murphy, que revelaron que miles de niños, la mayoría desfavorecidos, sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes irlandeses entre 1975 y 2004, y denunciaron la connivencia de la jerarquía eclesiástica con el Estado para ocultar y proteger a los sacerdotes.

El pasado mes de febrero el Vaticano publicó un documento en el que reconocía que la Iglesia había sido «incapaz» de «actuar con eficacia» y de impedir los abusos contra los menores. El Papa se declaró «angustiado» e «indignado».

Alemania es el país donde se centra actualmente el escándalo. La Conferencia Episcopal decidió el pasado mes de marzo nombrar un coordinador para investigar las sospechas sobre pederastia entre curas. Los casos, que, según la prensa, fueron generalizados en las décadas de los 70 y 80, afectan a 23 de las 26 diócesis católicas alemanas y entre ellos se encuentran los denunciados en el Coro de la Catedral de Ratisbona, en el que fue director musical Georg Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI.

El obispo elegido por la Conferencia Episcopal Alemana para dirigir la investigación reconoció que la jerarquía eclesial alemana «ha sido culpable de ocultar y echar tierra sobre los crímenes pedófilos». Más de 13.000 llamadas han atascado la línea telefónica sobre abusos sexuales desde que la iglesia católica alemana la puso en marcha el pasado 30 de marzo. En los tres primeros días, justo antes de Semana Santa, las líneas se inundaron de una inesperada cantidad de personas que pedían asesoramiento: querían romper el silencio y denunciar los abusos que se habían cometido sobre ellos.

En Holanda, la iglesia católica ha recogido ya unas 350 denuncias de personas que afirman haber sufrido abusos sexuales por parte de miembros del clero entre los años 50,60 y 70, según el diario Volkskrant. En Austria, en los últimos meses han aumentado las revelaciones de casos de pedofilia en la iglesia católica. Cuatro religiosos han sido apartados del cargo. En la diócesis de Viena se han contabilizado 12 denuncias por pederastia en lo que va de año, la misma cifra que en todo 2009. Hace tan sólo unos días, el Vaticano reconoció que el obispo noruego Georg Müller abusó de un menor a principios de los años 90. Müller, que presentó su renuncia, era sacerdote cuando se produjeron los abusos, y la víctima permaneció en silencio durante 20 años.

En España, según Charles J. Scicluna, promotor de Justicia (fiscal) de la Congregación para la Doctrina de la Fe, España es uno de los países con menos casos denunciados (un total de 14 entre enero de 2001 y marzo de 2010). Desde 1997 han tenido lugar al menos 11 casos de pederastia cometidos por sacerdotes sobre los que se ha pronunciado la Justicia. De ellos, cuatro religiosos están en prisión, incluido uno que cumple condena en Chile. La mayoría de los abusos se produjo en internados, parroquias y campamentos. Y en Reino Unido, los obispos de Inglaterra y Gales aceptaron las normas impuestas actualmente entre la jerarquía de Estados Unidos, que incluyen informar siempre a la Policía ante las denuncias de pederastia.

En otros países también se encuentran casos.

En Argentina, el sacerdote Julio César Grassi, responsable de la Fundación Felices los Niños, fue condenado a 15 años de prisión en 2009 por 15 casos de abuso sexual de menores que estaban bajo su cargo.

En Italia, la prensa recogió acusaciones de hombres sordos que decían haber sufrido abusos entre las décadas de 1950 y 1980 en el Instituto para los Sordos Antonio Provolo, en Verona.

En Sudáfrica, el líder de la iglesia católica local admitió que más de una docena de sacerdotes habían sido acusados de abusar sexualmente a niños. En Brasil, la iglesia ha reconocido que la pedofilia es un problema,

y en México ha sido acusada de encubrir casos de abuso y de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas (datos recopilados por la agencia Efe).

Al Papa se le reprocha, no obstante, el haber encubierto casos ocurridos durante su mencionada etapa como arzobispo de Múnich y también cuando era el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se recuerda asimismo su papel como máximo responsable de la institución en el seno de la cual se han cometido los delitos.

CRÍTICAS Y DEFENSA

Muchas de las víctimas han denunciado a los superiores religiosos de los incriminados por haber encubierto a los presuntos culpables, al no denunciar los delitos ante las autoridades locales y ordenar, en su lugar, tratamientos terapéuticos, transferencias a otras parroquias y silencio ante la opinión pública.

Los críticos con la forma en que el Vaticano está afrontando el problema (incluyendo a muchos cristianos de base) recuerdan que la confianza que los ministros de la iglesia generan entre los laicos facilitó los abusos en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social, y que, en muchos casos, la víctima no recibió atención inmediata, ni siquiera por parte de su familia, debido al respeto al implicado, o por temor o ignorancia. Según la la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes -SNAP, en inglés- de Estados Unidos, sólo presentan denuncias entre el 5 y el 10 % de las víctimas.

EL DERECHO CANÓNICO

El canon 1397 del Código de Derecho Canónico (el cuerpo de leyes de la Iglesia) señala las siguientes posibles penas (dependiendo de la gravedad del caso) para el sacerdote o religioso «que cometa homicidio, violación carnal, o retenga a otro con el uso de violencia, o mutile y hiera gravemente a una persona»:

-Prohibición de permanecer en un determinado lugar o territorio.
-Privación de la potestad, el cargo, el oficio, derechos, privilegios, facultades, gracias, títulos e insignias (incluso honoríficas).
-Prohibición de ejercer, dentro de un territorio determinado o a modo universal.
-Ser trasferido a un tribunal eclesiástico superior.
-Ser suspendido del estado clerical.
El procesado puede ser juzgado por un tribunal civil, dependiendo del tipo de convenios establecidos entre la Santa Sede y el país en concreto.