"Si el Papa fuera mujer, el aborto sería legal", dicen 250 ONG argentinas

"Si el Papa fuera mujer, el aborto sería legal", reza la campaña de 250 ONG cuyo proyecto de ley para permitir la interrupción del embarazo será tratado en el Congreso de Argentina, pese a la fuerte resistencia de la Iglesia católica, el culto mayoritario del país.

Es un hecho histórico haber logrado que por primera vez un proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito esté en el temario de una comisión del Congreso", dijo a la AFP la diputada Cecilia Merchan, que apoya la iniciativa junto a otros 47 legisladores de diferentes partidos.

La legisladora de Proyecto Sur (centroizquierda) explicó que el proyecto contempla la legalización del aborto hasta la semana 12 en todos los casos y explicó que el objetivo es evitar las muertes por intervenciones clandestinas. "Queremos que los 700.000 abortos que se realizan por año clandestinamente puedan hacerse en hospitales públicos", dijo, en relación a la cifra que estiman diversas organizaciones no gubernamentales, aunque el ministerio de Salud cifró los casos en 470.000 el año pasado.

El proyecto de reforma del Código Penal también establece que las mujeres tienen derecho al aborto más allá de la semana 12 en caso de violación debidamente acreditada, riesgo de salud o vida y malformaciones fetales graves.

La legislación actual establece penas tanto para la mujer que se practica un aborto como para quien realiza el procedimiento, aunque lo permite cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo "proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".

Martha Rosenberg, dirigente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, recordó que el proyecto había ingresado en 2007 en el Congreso con el apoyo de sólo 27 legisladores y finalmente, no fue tratado. "En mayo pasado ingresamos nuevamente el texto con la firma de 48 diputados de distintos bloques políticos y ahora tenemos una expectativa muy fuerte porque la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, aseguró que pondrá el tema en agenda", declaró a la AFP.

Para la psicoanalista, la ley actual "es totalmente ineficaz porque quienes deciden abortar lo hacen más allá de las prohibiciones y los riesgos" y defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a acceder a los mismos estándares de salud cualquiera sea su condición social. "La mayoría de las mujeres que se mueren por abortos inseguros son pobres porque las que tienen recursos lo hacen en buenas condiciones médicas y de seguridad. Aquí hay un gran negocio que mueve muchos millones", dijo Rosenberg.

Sobre el punto, Merchan estimó que en "Argentina se mueven 1.200 millones de pesos (300 millones de dólares) al año por abortos clandestinos, contra 25 millones de pesos (6,2 millones de dólares) del programa oficial de educación sexual".

Merchan y Rosenberg coincidieron en destacar que lo importante para la aprobación de la ley es la magnitud que adquiera el debate en la sociedad y las acciones que desarrolle la sociedad civil.

En este marco, más de un millar de mujeres presentaron amparos judiciales en 16 provincias exigiendo el aborto legal y realizaron un acto en el Congreso por el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. La iniciativa tuvo además el apoyo de Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, y de los consejos superiores de las universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, las más prestigiosas del país.

Pese a la férrea oposición de la Iglesia católica, el tema ha ganado también espacio en los medios de comunicación, donde también son frecuentes la noticias sobre allanamientos de centros donde se practican abortos.

Según un sondeo de la consultora Ibarómetro, casi el 60% de los argentinos no está de acuerdo en la penalización del aborto.

La Iglesia rechaza una ley que autorice el aborto como también se había opuesto a la aprobación legislativa del matrimonio de parejas del mismo sexo, vigente desde julio pasado.

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